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El ejercicio de la tutela, en el aspecto personal de una persona con Discapacidad Intelectual está encaminado a la defensa de sus derechos y a proporcionarle un trato afectivo y humano que mejore su calidad de vida.
El ejercicio de la tutela, en el aspecto patrimonial, supone el cuidado de la administración de sus bienes de forma personalizada.
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